Los fraudes en el ámbito de la agricultura biológica alcanzan hoy grandes volúmenes a escala internacional y se gestionan a través de un complejo entramado de empresas. Es decir, cumplen con todas las características para catalogarse como crimen organizado. Extractos.
Antes, en la época que ahora denominamos ‘los buenos tiempos’, puntualmente un agricultor o un comerciante cometía algún fraude aislado con los productos biológicos. Se utilizaba algo de pesticida en los campos, o se mezclaban unos huevos industriales, y más baratos, con los biológicos. Eran hechos que por lo general pasaban desapercibidos y los volúmenes en cuestión no eran importantes.
En Italia, los infractores de la industria biológica hace tiempo que han superado este nivel. Desde hace poco, una serie de agrupaciones profesionales también han empezado a etiquetar como “biológicos” volúmenes considerables de productos industriales, con el apoyo de una auténtica red de empresas extendida por distintos países.
Según los investigadores, todos han participado en una actividad fraudulenta que consistía en proporcionar certificados biológicos falsos a forrajes industriales procedentes de Moldavia y Ucrania. Para ocultar el recorrido de estos alimentos, recurrían a una red de al menos diez empresas, dispersadas en distintos países. De este modo, la fiscalía se ha incautado de 1.500 toneladas de maíz y de 30 toneladas de soja en el contexto de esta gran redada denominada Green War.
En otros casos anteriores, se trataba de productos industriales fabricados y que se volvían a etiquetar en la UE. “Ahora, el producto se fabrica directamente con la etiqueta de producto biológico, por ejemplo en Moldavia, donde se certifica antes de exportarse y comercializarse”, explica la fiscal de Pésaro, Silvia Cecchi. Esta falsificación tiene como fin complicar el trabajo de las autoridades e impedirles que descubran el fraude.
En opinión de Paolo Carnemolla, si tales artimañas son posibles, se debe a los repetidos fallos de las autoridades de vigilancia. La represión de los fraudes en el ministerio italiano de Agricultura estaba dirigida hasta hace unos meses por un hombre que hoy está siendo investigado por corrupción en un asunto sin vínculos con el sector de los productos biológicos. De ahí que surjan serias dudas de que realmente estuviera dispuesto a investigar a los infractores.
El asunto aún no ha salpicado al ministerio en Roma. Menos mal. Pero en Moldavia y en Malta la situación es distinta. Según el presidente de Federbio, Paolo Carnemolla, es muy curioso que las importaciones con destino a la UE, y por lo tanto la tramitación aduanera y el control de las mercancías, pasen por Malta, donde el sector biológico es confidencial. Según comenta, no existe ninguna cooperación con las autoridades moldavas y maltesas en lo relativo a las investigaciones: “No sabemos en qué socios podemos confiar, tememos que también haya funcionarios locales implicados”.
Antes, en la época que ahora denominamos ‘los buenos tiempos’, puntualmente un agricultor o un comerciante cometía algún fraude aislado con los productos biológicos. Se utilizaba algo de pesticida en los campos, o se mezclaban unos huevos industriales, y más baratos, con los biológicos. Eran hechos que por lo general pasaban desapercibidos y los volúmenes en cuestión no eran importantes.En Italia, los infractores de la industria biológica hace tiempo que han superado este nivel. Desde hace poco, una serie de agrupaciones profesionales también han empezado a etiquetar como “biológicos” volúmenes considerables de productos industriales, con el apoyo de una auténtica red de empresas extendida por distintos países.
Certificados falsos
Desde abril, sabemos que la fiscalía de la ciudad italiana de Pésaro, a orillas del Adriático, ha iniciado una investigación no sobre un supuesto fraude, sino sobre 23 presuntos miembros de una red de falsificadores. Si bien son todos italianos, operan entre otros países en Moldavia, Malta o en Europa Occidental. Entre los sospechosos se encuentra incluso la filial moldava de un organismo de control italiano del sector de los productos biológicos, que supuestamente saca a la luz los planes de los infractores.Según los investigadores, todos han participado en una actividad fraudulenta que consistía en proporcionar certificados biológicos falsos a forrajes industriales procedentes de Moldavia y Ucrania. Para ocultar el recorrido de estos alimentos, recurrían a una red de al menos diez empresas, dispersadas en distintos países. De este modo, la fiscalía se ha incautado de 1.500 toneladas de maíz y de 30 toneladas de soja en el contexto de esta gran redada denominada Green War.
En otros casos anteriores, se trataba de productos industriales fabricados y que se volvían a etiquetar en la UE. “Ahora, el producto se fabrica directamente con la etiqueta de producto biológico, por ejemplo en Moldavia, donde se certifica antes de exportarse y comercializarse”, explica la fiscal de Pésaro, Silvia Cecchi. Esta falsificación tiene como fin complicar el trabajo de las autoridades e impedirles que descubran el fraude.
Fallos repetidos
Grandes volúmenes, flujos de mercancías internacionales, una red compleja de empresas, órganos de control corruptos y profesionales destacados: podemos hablar de “crimen organizado”, según la definición que dio el grupo de trabajo conjunto de la justicia y de la policía alemanas en 1990. Incluso Paolo Carnemolla, presidente de Federbio, una central que reúne a productores, empresas de transformación y comerciales del sector biológico en Italia, no duda en hablar de “crimen organizado”.En opinión de Paolo Carnemolla, si tales artimañas son posibles, se debe a los repetidos fallos de las autoridades de vigilancia. La represión de los fraudes en el ministerio italiano de Agricultura estaba dirigida hasta hace unos meses por un hombre que hoy está siendo investigado por corrupción en un asunto sin vínculos con el sector de los productos biológicos. De ahí que surjan serias dudas de que realmente estuviera dispuesto a investigar a los infractores.
El asunto aún no ha salpicado al ministerio en Roma. Menos mal. Pero en Moldavia y en Malta la situación es distinta. Según el presidente de Federbio, Paolo Carnemolla, es muy curioso que las importaciones con destino a la UE, y por lo tanto la tramitación aduanera y el control de las mercancías, pasen por Malta, donde el sector biológico es confidencial. Según comenta, no existe ninguna cooperación con las autoridades moldavas y maltesas en lo relativo a las investigaciones: “No sabemos en qué socios podemos confiar, tememos que también haya funcionarios locales implicados”.
Via: My espacio posterous
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